El 23 de septiembre fueron detenidos junto a una veintena de trabajadores, en la empresa textil SUMAR, industria perteneciente al llamado «Cordón Vicuña Mackenna»,

Ofelia Rebeca VILLARROEL LATIN, 29 años, secretaria de la sección Comercio Exterior, encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados, militante comunista;

Donato QUISPE CHOQUE, obrero, de nacionalidad boliviana; y

Adrián del Carmen SEPULVEDA FARIAS, 27 años, obrero de la sección Hilandería, delegado del personal, simpatizante de izquierda.

Esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa. El día 23 de Septiembre, se presentó la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades. En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban.

Testimonios múltiples y concordantes de obreros y empleados que se encontraban en el interior de la empresa señalan que las víctimas fueron detenidas allí, por funcionarios del Ejército, y luego separadas de los otros trabajadores que también habían sido detenidos, siendo esta la última vez que se les ve con vida.

Los cadáveres de los afectados fueron encontrados en la vía pública, en la carretera General San Martín, lugar desde donde fueron remitidos hasta el Instituto Médico Legal. Las correspondientes autopsias revelaron que la data de las muertes fue el mismo día de la detención.

Los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, además de que todos tenían vendas en los ojos, señal de haber sido ejecutados.

Los antecedentes reunidos, especialmente los testimonios que acreditan fehacientemente la detención y el procedimiento de ella, más la circunstancia de la data de las muertes y la causa de las mismas, llevan a esta Comisión a la convicción que Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías fueron ejecutados y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos producto de la acción de agentes del Estado.