El 13 de diciembre de 1973, personal del Ejército dio muerte en San Felipe a otras dos personas:

Absalón del Carmen WEGNER MILLAR, 31 años, Director del Area de Salud de San Felipe y médico del Hospital Siquiátrico de Putaendo, militante comunista, quien fuera detenido por primera vez el 12 ó 13 de septiembre, durante un día, siendo liberado sin cargos y con orden de reintegrarse a su trabajo en el hospital.

Su segunda detención se produjo en los últimos días de noviembre, oportunidad en que fue puesto a disposición de la autoridad militar local.

Rigoberto del Carmen ACHU LIENDO, 31 años, Secretario Seccional del Partido Socialista y Jefe de Desarrollo Social de San Felipe. Fue detenido el 12 de septiembre en casa de un familiar por efectivos militares del Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay, luego de haber sido llamado por un bando militar. Se le recluyó en la Cárcel de San Felipe, desde donde era sacado regularmente para ser interrogado en el Cuartel de Investigaciones, por personal de dicha Repartición.

Según la versión oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº 3,Yungay, cuando los detenidos eran trasladados de regreso a la Cárcel, desde la Fiscalía Militar, el vehículo en que viajaban quedó en panne a sólo 60 metros del establecimiento penal, debiendo continuarse el recorrido a pie. En ese momento, uno de los prisioneros habría aprovechado la situación para «violentar» el arma de servicio de un conscripto, y el otro, para darse a la fuga, siendo ambos muertos instantáneamente.

La Comisión no pudo aceptar esta versión atendidas, principalmente, las siguientes circunstancias:

– Es inverosímil que dar muerte a los afectados haya sido la única forma de evitar su presunta huida, puesto que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia de los efectivos del Regimiento de Infantería Nº 3 Yungay y estando la patrulla inmediata al recinto penitenciario, que disponía de personal capacitado para prestar ayuda en la supuesta captura de los evadidos. También cabe destacar que se ha podido acreditar que los prisioneros habían sido llevados encadenados a la Fiscalía Militar, como mayor medida de seguridad, y no se ve motivo para suponer que no fueran devueltos al penal en la misma forma, a menos que quisiera prefigurarse de algún modo su supuesta huída.

– La existencia de testigos presenciales y verosímiles que señalaron que los detenidos eran custodiados por una patrulla del Ejército camino a la cárcel y que en determinado momento, sin que existiese intento alguno de fuga, los funcionarios militares les dispararon por la espalda, rematándolos posteriormente con otros disparos. Declararon además, que los cuerpos fueron subidos inmediatamente a un vehículo, y que personal de Gendarmería salió en los mismos instantes del recinto carcelario con baldes de agua, para lavar los rastros de sangre de la vereda.

– Rigoberto Achú se encontraba en muy mal estado de salud, producto de las torturas sistemáticas que se le aplicaron en el Cuartel de Investigaciones desde el mismo día 12 de septiembre en que fue detenido, y a consecuencia de ellas no podía vestirse, comer ni moverse coordinadamente. El mismo día de su ejecución, se lo vio muy deteriorado físicamente, con muy bajo peso y con notoria pérdida de su cabello. Su condición hacía inverosímil que tratara de huir.

– No resulta verosímil la versión de que el doctor Wegner hubiese intentado huir, ya que por antecedentes y testimonios reunidos por esta Comisión, resulta demostrado que se trataba de una persona que no intentó nunca eludir a las autoridades militares. Después de los hechos del 11 de septiembre, permaneció detenido por un día en la Cárcel de San Felipe, y una vez que fue dejado en libertad, continuó viviendo en la zona, llevando una vida pública, y trabajando en el mismo servicio, a pesar de haber contado con los medios para huir de la zona sin que nadie se lo impidiese, por no existir cargos en su contra, los cuales no fueron conocidos ni siquiera después de su segunda detención.