El 2 de abril de 1976, fue detenido en su domicilio en Quintero el ex-parlamentario comunista Bernardo ARAYA ZULETA. En el mismo operativo fueron detenidos la cónyuge del afectado, María Olga FLORES BARRAZA, su cuñado Juan Flores Barraza, y sus nietos Ninoska Henríquez, Wladimir Henríquez y Eduardo Araya, todos menores de edad. Ellos fueron trasladados a un recinto de reclusión ubicado en Santiago, lugar desde el cual fueron liberados Juan Flores y los nietos de los afectados. Bernardo Araya y María Flores desaparecieron del mismo lugar unos días después, estando ambos en muy mal estado a consecuencia de las torturas, según relataron testigos.

En el proceso a que dio origen la detención de los afectados, declaró un carabinero retirado, quien señaló que a mediados de marzo de 1976 llegaron hasta su domicilio dos agentes que se identificaron como de la DINA y quienes solicitaron su permiso para vigilar la casa del matrimonio Araya-Flores, lo que realizaron durante varios días. Lo anterior fue confirmado por otro Carabinero, quien concurrió hasta dicho lugar a petición de una vecina que notó la vigilancia, y a quien los agentes exhibieron sus tarjetas de identificación (Tifas).

El Ministerio del Interior informó negativamente acerca de la detención de la pareja. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló posteriormente a la Cepal que Bernardo Araya registraba salida del país con fecha 7 de abril de 1976 por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y que María Flores registraba salida del territorio nacional en esa misma fecha por el paso fronterizo Los Libertadores. El 31 de agosto de 1978, el mismo Ministerio informó al tribunal que Bernardo Araya registraba salida del país en la fecha indicada por el paso Los Libertadores, y que María Flores no registraba anotaciones de viaje. Finalmente, el 10 de septiembre de 1979, el Prefecto Jefe de Policía Internacional y Extranjería informó al tribunal que ambos afectados registraban salida del territorio nacional con fecha 7 de abril de 1976 por el paso Los Libertadores.

En atención a todo lo expuesto y a las versiones contradictorias de la autoridad, a más de otras versiones similares, que probaron ser falsas, la Comisión ha llegado a la convicción de que el matrimonio Araya-Flores es víctima de desaparición forzada cometida por agentes de la DINA, en violación de sus derechos humanos.